La cadena de supermercados DIA afronta procesos judiciales relevantes que afectan a su real dueño y a la anterior cúpula ejecutiva. Uno de sus principales mercados, Argentina, se encuentra al borde de la quiebra y la compañía ha aprobado un sueldo anual para su consejero delegado de tres millones
DIA entra en la temida crisis de los 40, esa edad en la que uno supuestamente toma conciencia de lo que se propuso y no ha logrado y que en algunas personas causa depresión. Los hay que, al llegar a esa edad, tratan de capear el temporal tomando decisiones drásticas como divorciarse, cambiar de trabajo o comprarse un coche caro. La cadena de supermercados española se encuentra en esa situación.
La compañía, que celebra ahora su 40 aniversario, ha logrado este año alejar el fantasma del concurso de acreedores después de que el magnate Mikhail Fridman se hiciera con el control acordando la refinanciación del grupo en el último momento con Santander. Pero todavía afronta relevantes retos en diversos terrenos que en cualquier momento pueden volver a ponerla en la picota.
En el ámbito judicial, el dueño de la empresa, el empresario e inversor ucraniano Mikhail Fridman, ha sido llamado a declarar en la Audiencia Nacional por la Fiscalía Anticorrupción como investigado por presuntamente haber obrado de manera ilegal para provocar la quiebra de la compañía tecnológica española ZED.
Aunque el proceso no tiene nada que ver con DIA, inversores, accionistas, despachos o fiscales podrían hacer un paralelismo entre esa supuesta estrategia urdida para hundir a ZED y los métodos empleados para lograr hacerse con la mayoría del capital de la cadena de supermercados.
Pero no sólo Fridman tiene problemas con la Justicia española. Una plataforma de afectados de DIA presentó el pasado mes de mayo querella en la Audiencia Nacional contra el anterior consejo de administración, presidido por Borja de la Cierva, y la consultora KPMG, que auditó las cuentas de la empresa durante más p 20 años. La querella -que todavía debe ser, o no, admitida a trámite- se presentó por los presuntos delitos de falseamiento de las cuentas anuales; falsificación de documento público; y estafa.
DIA reveló el pasado mes de febrero que había abierto una investigación sobre sus altos directivos en España y Brasil. La compañía había encontrado indicios sobre la realización p”prácticas contables irregulares” y aseguró que había denunciado los hechos ante Fiscalía Anticorrupción.
La admisión por parte de DIA de haber hallado indicios de prácticas contables irregulares, después de que, a finales de diciembre de 2018, informara que había detectado la necesidad de deteriorar 76 millones de euros atribuible principalmente a su negocio en España, y otros 34 millones de euros en su filial Clarel, facilitó a Fridman el abordaje sobre la empresa al provocar estas noticias la caída del valor del grupo en Bolsa.
